El Gobierno español promete una reforma integral del sector público

Una de las políticas principales que quiere implementar Rajoy en esta legislatura es la reforma estructural del sector público y de las administraciones autonómicas. Para ello quiere atacar de raíz todo el despilfarro y potenciar la eficiencia en las políticas públicas.

Uno de los primeros pasos será lanzar una reforma de Comunidades Autónomas y, especialmente, de los ayuntamientos. Los únicos límites que se han planteado hasta el momento son la constitucionalidad y la viabilidad del modelo. La refundación del sector público que pretende Rajoy se basa en otros modelos de éxito, como el francés o el canadiense.

Una de las primeras decepciones para algunos críticos es que no se vaya a homogeneizar los salarios de los consejeros autonómicos y otros servidores públicos. Sin embargo, el Gobierno pretende que sucesos como el de la paga extra del País Vasco no vuelvan a suceder y moficará, en la medida de lo posible, la retribución de la función pública desde el control de los Presupuestos Generales. Hay que recordar que en España las diferencias salariales entre funcionarios de distintas autonomías rozan lo sangrante en algunas parcelas. Este tipo de medidas tendentes a la estandarización facilitaría la movilidad de trabajadores entre territorios.

Lo que parece ya seguro es la rebaja en el sueldo de los alcaldes, que en algunos casos cobran igual o mejor que un ministro. El salario del primer edil de cada localidad estará sujeto a un límite todavía por determinar. Desde muchos sectores se viene reclamando la supresión de cientos de concejales, que hace de España uno de los países mas sobre-representados de Europa. El Gobierno planea la supresión del 30% de los concejales actuales y un reajuste de competencias tendiente a centralizar los servicios prestados por los entes locales que sean, a todas luces, ineficientes. El PP mantendría las diputaciones como una institución con la que intervenir aquellos ayuntamientos que no sean capaces de asegurar su propia viabilidad.

Una de las claves de la reforma, por utópica en estos momentos, consiste en hacer obligatorio el pago a tiempo a los proveedores de la administración. Por muy loable que sea la intención del Gobierno en ese sentido, parece que la transición al pago actualizado de todas las facturas que van acumulando polvo en ayuntamientos y consejerías podría bloquear el funcionamiento del sector público durante meses.

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